El mercado de valores (MV) y los intermediarios financieros (IFs - casas de bolsa, sociedades de corretaje, etc.,) facilitan la participación no sólo de los grandes inversores individuales e institucionales, como fondos de pensiones y cajas de ahorro, sino también de aquellos pequeños inversores que por su limitada riqueza (o capital) no pueden invertir por cuenta propia en activos reales que, por naturaleza, suelen ser menos mercadeables, más ilíquidos, pero a la vez más rentables que los depósitos bancarios.
Acudiendo a los intermediarios financieros, el pequeño inversor puede participar/invertir de forma colectiva en activos reales, reteniendo suficiente liquidez como para satisfacer sus necesidades individuales. Mediante la compra-venta de acciones y bonos en el MV, los IFs hacen posible a nivel colectivo aquello que resulta imposible a nivel individual: que un pequeño inversor (o ahorrista de escasos recursos) pueda participar/invertir en la propiedad sobre activos físicos y medios de producción costosos, sin tener que renunciar a la liquidez a la cual sí deben renunciar quienes invierten directamente en activos reales: las acciones y bonos ofrecen la divisibilidad y liquidez que no ofrecen los activos físicos.
Existe quien sostiene que la democratización del capital aún no se ha dado en Venezuela, al afirmar que las empresas de nuestro país no se han beneficiado del MV como deberían. Pero, el capital financiero, a diferencia del capital real (el cual es activo neto, no bruto), tiene dos caras: la del acreedor y la del deudor. En Venezuela, podemos afirmar que la democratización del capital sí ha avanzado aceleradamente durante el período 2003-2010, aunque principalmente del lado del acreedor. Lamentablemente, el deudor primordial sigue siendo el Estado, aunque sería preferible que pasase a ser la empresa privada.
No es correcto y, de hecho no se debe, minimizar el esfuerzo de los últimos años de la industria financiera venezolana, pues el MV en nuestro país ha dado pasos importantes. La cifra de demandantes de los títulos gubernamentales venezolanos pasó de poco menos de 100 mil acreedores en 2003 a casi 1.7 millones en 2008, registro éste de inversores (i.e. portafolios) nada despreciable que la empresa privada sabrá algún día aprovechar cuando las condiciones lo permitan.
Que la inflación persistente, la sobrevaluación cambiaria, y el alto riesgo que vive el país, estimule el apetito de los inversores por títulos en moneda extranjera emitidos por Pdvsa y la República en detrimento de títulos en bolívares emitidos por deudores corporativos, no implica que no haya habido progreso en materia de democratización del capital en el mercado de valores venezolano; y que en la actualidad el autofinanciamiento reemplace al crédito de largo plazo y a las colocaciones de papeles comerciales, bonos y acciones en el MV no implica que en el futuro cercano, una vez superadas las actuales condiciones adversas de riesgo e inflación, la empresa privada no pueda beneficiarse de la presencia de esos 1.7 millones de acreedores registrados. Pero, lógicamente, y a Dios gracias, siempre habrá espacio para avanzar.
PhD en Economía Política de la
Universidad de Siena, Italia y
Profesor del CENDES/UCV
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