Según Cedice, se está consolidando la arquitectura jurídica del Estado comunal
El rechazo popular al intento de reforma constitucional de 2007 no ha sido freno para que Hugo Chávez avance en la configuración del denominado "socialismo del siglo XXI".
Isabel Pereira, coordinadora de políticas públicas del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), considera que a través de diversos mecanismos legales el Ejecutivo está consolidando la arquitectura institucional del modelo socialista.
"Estas tesis no han sido compradas, la sociedad no ha comprado esos valores, pero se quieren imponer. Esto es construir la sociedad que solo un grupo del país quiere", dijo Pereira el pasado jueves en el evento "¿Quiénes ganan y quiénes pierden con el parlamentarismo de calle?", organizado por Cedice.
Según explicó, el objetivo del nuevo entramado jurídico es el establecimiento del Estado comunal y la eliminación de la propiedad privada.
"En esa arquitectura la extinción de la propiedad privada es el gran objetivo".
A juicio de la directora del Cedice, legislaciones y proyectos jurídicos relacionados con la propiedad social, el poder popular, la economía popular y las comunas buscan consagrar la institucionalidad socialista.
"Es el montaje de una sociedad alternativa. Hay que prestarle atención a esto porque tiene detrás una estructura, un plan, unos objetivos que no son medidas tomadas de forma desordenada, es el montaje del Estado comunal".
Si el derecho a la propiedad privada es uno de los grandes derrotados en ese nuevo aparato legal, el gran beneficiado es el Estado y el "colectivismo", acotó Pereira.
"El Estado es el gran agente social. Se busca una total concentración del poder en manos del Estado".
La directora del Cedice también aseguró que otros de los mecanismos jurídicos que apuntan en esa dirección son la ley de soberanía agroalimentaria, la ley de la actividad aseguradora, así como la ley de preventa de viviendas en proceso de construcción o aún no construidas.
"Esta es la implantación de una arquitectura propia de países comunistas".
Asimismo, sostuvo que la aprobación del proyecto de Ley Orgánica del Trabajo que maneja la Asamblea Nacional conllevará a la "destrucción" del empleo privado.
"Va a crear condiciones para la eliminación total de las empresas privadas en la medida en que se crean una serie de mecanismos que convierten a la empresa en una unidad imposible de gobernar".
Con respecto al que sería el nuevo instrumento para regir las condiciones laborales, aseveró que provocará una "expansión del empleo público improductivo, una expansión de la economía informal, de los subsidios y de la dependencia del Gobierno".
Mecanismo legitimador
Si hasta ahora el Ejecutivo no ha encontrado obstáculos en el Poder Legislativo para la aprobación de nuevas leyes, Pereira advirtió que ante un eventual cambio de fuerzas en el Parlamento el Gobierno optará por el "parlamentarismo social de calle".
"Ellos se están preparando para una AN más heterogénea y estas leyes pueden ser detenidas si no tienen la mayoría. Van a poner en marcha el parlamentarismo social de calle porque va a ser el mecanismo alternativo, ese es uno de los fundamentos para la construcción del Estado y la sociedad comunal".
De acuerdo con Pereira esa sería la vía para "legitimar" el proyecto del presidente de la República.
"Aparentemente lo que hay es una promoción de la participación popular pero es un mecanismo antidemocrático porque no está abierto a todos los sectores".
Igualmente, Pereira manifestó que la aplicación de ese tipo de parlamentarismo será el paso previo del parlamentarismo comunal.
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